Contribuye a una práctica de transparencia y rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo del que disponen los beneficiarios de los Programas Sociales de la Administración Pública Estatal para que, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas de Desarrollo Social y Humano, mediante actividades de supervisión, vigilancia y seguimiento, a través de Comités de Contraloría Social.